Sentencia n. 16470 del 2024: La Orden de Demolición y la Cesión a Terceros

La reciente sentencia n. 16470 del 28 de marzo de 2024, emitida por el Tribunal de Salerno, aborda un tema de gran relevancia en el ámbito del derecho urbanístico: la eficacia de la orden de demolición en relación con la cesión del inmueble a terceros. Esta pronuncia se inserta en un contexto jurídico donde la protección del territorio y la restauración de la legalidad urbanística son principios fundamentales.

El contenido de la sentencia

La Corte ha declarado inadmisible el recurso de DI.MO.LAT S.A.S. de Bacco Antonio & C., estableciendo que la ejecución de la orden de demolición de un inmueble construido ilegalmente no se ve obstaculizada por su cesión a terceros. Esto significa que, incluso si el inmueble ha sido vendido, la orden de demolición sigue siendo válida y aplicable, recayendo sobre la responsabilidad de cualquier persona que posea el inmueble.

Orden de demolición - Cesión a terceros del inmueble - Relevancia - Exclusión. En materia de delitos urbanísticos, la ejecución de la orden de demolición de un inmueble construido ilegalmente no está impedida por su cesión a terceros, operando la orden, como sanción administrativa de carácter restaurador, contra cualquiera que tenga la disponibilidad del bien que continúe causando perjuicio al territorio.

Implicaciones legales y jurisprudenciales

Esta sentencia se basa en principios jurídicos bien consolidados, invocando normas del DPR 06/06/2001 y de la Constitución. En particular, el artículo 31 del DPR establece las modalidades de ejecución de las órdenes de demolición y el artículo 44, párrafo 2, subraya la necesidad de garantizar la protección del territorio. La pronuncia se alinea con precedentes jurisprudenciales, como las sentencias n. 48925 de 2009 y n. 22853 de 2007, que ya han afirmado la validez de la orden de demolición incluso en caso de cesión del inmueble.

Es importante notar que esta interpretación se inserta en un contexto normativo más amplio, en el que las autoridades deben poder actuar para restaurar la legalidad urbanística, independientemente de la situación patrimonial del inmueble. Por lo tanto, los nuevos propietarios de inmuebles ilegales deben ser conscientes de que la orden de demolición es una carga que puede recaer sobre ellos, a pesar de la buena fe en la compra.

Conclusiones

En conclusión, la sentencia n. 16470 del 2024 representa un importante avance en la lucha contra la ilegalidad urbanística. Aclara que la orden de demolición tiene un efecto vinculante para cualquiera que posea el inmueble, subrayando la importancia de la responsabilidad individual en el cumplimiento de las normativas urbanísticas. Es fundamental que los propietarios y compradores de inmuebles presten atención a estos aspectos, para evitar consecuencias legales y sanciones que podrían comprometer el valor de su patrimonio.

Estudio Jurídico Bianucci