La ordenanza n. 18635 de 2024 aclara la jurisdicción ordinaria en la oposición a la ejecución forzada derivada de sentencias del Tribunal de Cuentas, destacando la separación entre responsabilidad patrimonial y derecho subjetivo.
La reciente sentencia del Tribunal de Casación aclara el límite entre el uso legítimo de los fondos públicos y el delito de peculado, con especial referencia a las sociedades 'in house'. Una importante reflexión sobre la gestión de los recursos públicos.