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Secuestro de bienes y responsabilidad administrativa: análisis de la sentencia Cass. pen., n. 24058

La sentencia de la Corte de Casación, Sez. III, n. 24058 del 18 de junio de 2024, ofrece un interesante punto de reflexión sobre las dinámicas del secuestro de bienes en el ámbito penal, especialmente en lo que respecta a las responsabilidades de las sociedades. En este caso, la sociedad Fuel Top Srl había visto rechazada la solicitud de revisión de un decreto de secuestro preventivo destinado a la confiscación de sumas de dinero y bienes inmuebles, considerados provenientes de un ilícito administrativo. La Corte, analizando las motivaciones presentadas, reafirmó la importancia de la autonomía de la responsabilidad del ente en relación con la de las personas físicas involucradas.

El contexto de la sentencia

La Fuel Top Srl había sido involucrada en un procedimiento penal por un ilícito administrativo según el D.Lgs. n. 231 del 2001. El Tribunal de Salerno había confirmado el secuestro de bienes por un total de más de 1,4 millones de euros, considerando que la sociedad no había adoptado modelos de organización adecuados para prevenir el delito. Sin embargo, la sociedad impugnó la decisión, argumentando que el acto de secuestro se basaba en presupuestos erróneos y en hechos no impugnados por el Ministerio Público.

La responsabilidad del ente debe afirmarse incluso en el caso de que el autor del delito no haya sido identificado.

Las motivaciones de la Corte de Casación

La Corte rechazó el recurso de la Fuel Top Srl, afirmando que la responsabilidad del ente es autónoma respecto a la de las personas físicas. En particular, el juez subrayó que, aunque no se ha probado la responsabilidad del representante legal de la sociedad, el hecho de que un delito presunto haya sido comprobado y sea atribuible a uno de los sujetos indicados en el art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001 es suficiente para afirmar la responsabilidad de la propia sociedad. Este principio es fundamental en el sistema de responsabilidad administrativa, ya que permite garantizar una protección efectiva contra el riesgo de impunidad de las personas jurídicas.

Las implicaciones prácticas de la sentencia

La sentencia tiene diversas implicaciones prácticas para las empresas, entre las cuales:

  • Necesidad de implementar modelos organizativos adecuados para prevenir la ocurrencia de ilícitos.
  • Atención especial a la gestión de los sujetos que operan dentro del ente.
  • Conciencia de que la responsabilidad del ente puede existir incluso en ausencia de una condena por el delito presunto contra un sujeto físico.

En conclusión, la sentencia de la Corte de Casación representa un importante llamado a la responsabilidad de las sociedades en la gestión de los riesgos legales y en la prevención de ilícitos. Las empresas deben prestar especial atención al cumplimiento normativo y a la adopción de modelos de organización que puedan prevenir comportamientos ilícitos.

Conclusiones

En definitiva, la sentencia Cass. pen., n. 24058 reafirma la importancia de la autonomía de la responsabilidad de las sociedades y la necesidad de una adecuada organización interna para prevenir ilícitos. Las empresas deben, por lo tanto, invertir en el cumplimiento y en la creación de un ambiente de trabajo que favorezca la legalidad.