La reciente sentencia de la Corte de Casación aclara la posición respecto al embargo preventivo en caso de prescripción del delito de fraude, examinando la relación con el autorreciclaje y las implicaciones legales para los bienes embargados.
Analicemos la sentencia n. 37474 de 2024 que aclara cómo un acto de disposición patrimonial no debe necesariamente tener naturaleza jurídica para configurar el delito de fraude. Descubramos las implicaciones legales y prácticas de esta decisión.