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Análisis de la Sentencia Cass. pen., Sez. VI, n. 62 de 2018: Coacción y Abuso de Poder

La sentencia de la Corte de Casación n. 62 del 3 de enero de 2018 representa un importante esclarecimiento en el ámbito del derecho penal, en particular respecto al delito de coacción, regulado por el art. 319-quater del código penal. En este artículo, analizaremos los principales aspectos de la decisión, destacando las implicaciones legales y las responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados.

El Contexto de la Sentencia

La Corte de Apelación de L'Aquila había condenado anteriormente a S.V. y P.I. por haber abusado de sus posiciones de funcionarios públicos, induciendo a M.P. a prometerles una ventaja consistente en no denunciar abusos edilicios. Esta conducta llevó a la acusación de coacción, y la sentencia de la Casación confirmó la condena, desestimando los recursos de los acusados.

El delito de inducción indebida a dar o prometer utilidades se perfecciona incluso si el evento no se verifica por la resistencia opuesta por el privado a las ilícitas presiones del agente público.

Análisis de los Motivos de Recurso

Los acusados presentaron diversos motivos de recurso, entre ellos la supuesta no configurabilidad del delito en forma tentativa, la violación de normas procesales y la falta de motivación por parte de la Corte de Apelación. Sin embargo, la Casación consideró infundados tales argumentos, reiterando que el delito de coacción no requiere necesariamente la aceptación de la propuesta ilícita por parte de la víctima.

  • La Corte confirmó que el delito se configura también en ausencia de aceptación, siempre que haya habido una inducción por parte del funcionario público.
  • Se destacó que el intento de coacción es posible incluso si el privado opone resistencia a las presiones ejercidas.
  • La responsabilidad de los acusados fue confirmada también en base a su posición de funcionarios públicos y al contexto en el que se llevó a cabo la inspección.

Conclusiones

La sentencia n. 62 de 2018 de la Corte de Casación ofrece un importante punto de reflexión sobre el tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos y sobre la aplicación de las normas relativas a la coacción. Subraya la necesidad de proteger la libertad de autodeterminación de los privados, especialmente en contextos donde existe un evidente desequilibrio de poder. Para los profesionales del derecho, es fundamental comprender las implicaciones de esta sentencia, tanto en la asesoría legal como en la defensa de casos similares.