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Cass. pen., Sez. VI, Sent., 2021, n. 37509: Un Caso de Coacción y Fraude

La sentencia n. 37509 de 2021 del Tribunal de Casación representa una importante aclaración en materia de derecho penal, referente a la distinción entre los delitos de coacción y fraude agravado cometido por un funcionario público. En este caso, el funcionario de la Oficina Escolar Provincial, C.N., fue inicialmente condenado por coacción, pero el Tribunal de Apelación de Salerno posteriormente calificó el hecho como un intento de inducción indebida, reduciendo la pena. El Tribunal de Casación luego anuló esta decisión, llamando la atención sobre la correcta aplicación de las normativas y sobre el principio de derecho.

La Distinción entre Coacción y Fraude

El Tribunal de Casación aclara que los delitos de coacción e inducción indebida, aunque ambos impliquen el abuso de la función pública, se diferencian sustancialmente. Mientras que en la coacción el agente público obliga al privado a prometer una ventaja indebida, en el fraude el funcionario público engaña a la víctima induciéndola a creer que la prestación es debida. La sentencia precisa que en la figura de coacción es fundamental la presencia de una amenaza o coerción, mientras que en el fraude es central el engaño.

La distinción entre el delito de inducción indebida y el de fraude se debe identificar en el hecho de que en la primera figura el privado mantiene plena conciencia del carácter no debido de la prestación dada o prometida.

Análisis de la Sentencia

En el caso específico, C.N. abusó de su posición para obtener un pago de mil euros de D.M.V.A. para desbloquear un trámite de pensión. El Tribunal de Apelación había erróneamente considerado que D.M. era consciente de lo ilícito. Sin embargo, la Casación destacó que la víctima había sido engañada y, por lo tanto, no era capaz de reconocer la ilicitud de la solicitud. Esta errónea aplicación de la ley llevó a una confusión en la calificación del delito, que debería haberse considerado como fraude agravado.

  • La coacción requiere un abuso de poder y coerción.
  • El fraude implica engaño y violación de la buena fe.
  • La distinción legal es crucial para la correcta aplicación de la pena.

Conclusiones

La sentencia n. 37509 de 2021 del Tribunal de Casación subraya la importancia de una correcta calificación jurídica de los actos, especialmente cuando se trata de delitos cometidos por funcionarios públicos. La decisión anuló la sentencia del Tribunal de Apelación de Salerno, remitiendo los actos para un nuevo juicio, a fin de que se respete el principio de derecho. Este caso representa una importante lección para el sistema jurídico italiano, destacando cómo la claridad en la distinción entre los diversos delitos ayuda a garantizar una justicia adecuada y proporcionada.