La reciente sentencia n. 37860, emitida por la Corte de Casación el 28 de junio de 2024, ofrece una importante interpretación de la normativa italiana relacionada con el delito de reingreso no autorizado en el territorio del Estado, regulado por el art. 13, párrafo 13-bis, del decreto legislativo 25 de julio de 1998, n. 286. El objeto de la controversia se refería a un sujeto que, tras obtener la ciudadanía de un Estado miembro de la Unión Europea, había sido acusado de reingreso después de una expulsión. La Corte ha aclarado que el 'estatus' de ciudadano extranjero debe existir solo en el momento de la expulsión, no en el momento del reingreso.
El delito de reingreso no autorizado se configura cuando un ciudadano extranjero, expulsado por vía judicial, regresa al territorio italiano sin autorización. La normativa actual prevé que, para que se pueda configurar el delito, el sujeto debe ser considerado extranjero en el momento de la expulsión. Sin embargo, la sentencia en cuestión establece un principio fundamental: la condición de ciudadano extranjero no debe existir en el momento de la violación de la prohibición de reingreso.
Delito de reingreso no autorizado en el territorio del Estado - "Status" de ciudadano extranjero - Inexistencia en el momento del reingreso - Irrelevancia - Hechos. El delito de reingreso no autorizado en el territorio del Estado, del que trata el art. 13, párrafo 13-bis, d.lgs. 25 de julio de 1998, n. 286, requiere que el "estatus" de ciudadano extranjero exista en el momento de la expulsión judicial, pero no también en el momento de la transgresión de la prohibición. (Hechos relativos a un sujeto que había realizado la conducta de reingreso después de haber obtenido la ciudadanía de un Estado miembro de la Unión Europea).
Esta sentencia representa un paso significativo hacia adelante en la protección de los derechos de los ciudadanos extranjeros, destacando cómo la legislación debe interpretarse de manera que garantice la justicia. La importancia de tener un 'estatus' claro y definido en el momento de la expulsión, en lugar de en el momento del reingreso, ofrece una mayor seguridad jurídica a los sujetos interesados. Además, la decisión se alinea con los principios del derecho europeo, que refuerzan la protección de los derechos de los ciudadanos y su libertad de circulación.