La sentencia n. 34027 de la Corte Suprema, emitida el 6 de junio de 2024, aborda un caso de maltratos en la familia que ha suscitado un amplio debate tanto en el ámbito jurídico como social. El caso en cuestión involucra a A.A., condenado por maltratos a su esposa, B.B., y por lesiones personales voluntarias. Esta sentencia ofrece importantes puntos de reflexión sobre la valoración de los testimonios y sobre la aplicación de las normas en materia de maltratos.
La Corte de Apelación de Milán, confirmando la condena de primera instancia, sostuvo que las declaraciones de la persona ofendida deben considerarse confiables, a pesar de las objeciones del imputado respecto a su vaguedad e incoherencia. A.A. presentó un recurso, argumentando que las pruebas en su contra no eran suficientes, ya que se basaban casi exclusivamente en las declaraciones de B.B.
El delito de maltratos en la familia se integra por comportamientos reiterados, aunque no sistemáticos, que lesionan la dignidad de la persona ofendida.
Uno de los puntos centrales de la sentencia es la valoración de las declaraciones de la persona ofendida. La Corte Suprema afirmó que las declaraciones de B.B. no pueden considerarse falsas ya que, aunque presentaban algunas imprecisiones, están corroboradas por pruebas externas como informes médicos y testimonios de terceros. Este aspecto es crucial, ya que demuestra cómo la Corte adoptó un enfoque holístico en la evaluación de las pruebas, considerando no solo el testimonio directo, sino también las confirmaciones externas.
La decisión de la Corte Suprema tiene importantes implicaciones para los casos de maltratos en la familia. Subraya que:
La sentencia de la Corte Suprema representa un importante avance en la lucha contra los maltratos en la familia, destacando la necesidad de una evaluación atenta y contextualizada de las pruebas. La Corte ha demostrado que, incluso en presencia de contradicciones, los testimonios pueden resultar fundamentales en el reconocimiento de la violencia doméstica. Se espera que esta decisión pueda incentivar un enfoque más sensible y consciente en la gestión de los casos de maltratos, tanto por parte de las autoridades judiciales como de la sociedad civil.