La reciente sentencia n. 16994 de 2023 de la Corte de Casación ofrece puntos significativos para la comprensión del principio de "reformatio in peius" y sus aplicaciones en el ámbito penal. Esta decisión, que rechaza un recurso relacionado con la reducción de la pena privativa de libertad y el aumento de la pena pecuniaria, aclara importantes aspectos del sistema sancionador italiano.
La prohibición de "reformatio in peius" es un principio consolidado en nuestro ordenamiento, consagrado en el art. 597 del Código de Procedimiento Penal. Establece que, en sede de apelación, el juez no puede agravar la situación del imputado en relación con lo decidido en primera instancia, salvo que existan nuevas pruebas o elementos de hecho que justifiquen tal endurecimiento.
La sentencia en cuestión, emitida por la Corte de Casación, hace referencia al art. 135 del Código Penal, que regula la redeterminación de las penas. En particular, la Corte aclara que no se viola la prohibición de "reformatio in peius" cuando, frente a una reducción de la pena privativa de libertad, se produce un aumento de la pena pecuniaria, siempre que la suma final de las penas no supere la pena total impuesta en primera instancia.
PROHIBICIÓN DE "REFORMATIO IN PEIUS" - Reducción de la pena privativa de libertad - Redeterminación en aumento de la pena pecuniaria - Admisibilidad - Condiciones.
La Corte ha afirmado que el aumento de la pena pecuniaria es admisible si, después de haber realizado el ajuste según lo previsto en el art. 135 del código penal, el total no supera la magnitud de la pena impuesta en primera instancia. Este aspecto es fundamental para proteger los derechos del imputado, evitando que en sede de apelación se llegue a una condena total más severa que la ya impuesta.
La sentencia n. 16994 de 2023 representa una importante confirmación del equilibrio entre el derecho a la defensa del imputado y la necesidad de garantizar un sistema sancionador justo y proporcionado. La Corte de Casación, reafirmando la prohibición de "reformatio in peius", muestra una atención particular a las garantías procedimentales, evitando que una decisión en apelación pueda perjudicar aún más al imputado, especialmente en caso de que se produzca una reducción de la pena privativa de libertad. Este equilibrio es crucial para el correcto funcionamiento de la justicia penal y para la protección de los derechos individuales.