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La Cassación Penal sobre la Reparación por Error Judicial: Sentencia n. 36209 de 2024

La reciente sentencia de la Corte de Cassación, Sez. V, n. 36209 de 2024, ha planteado importantes cuestiones sobre la responsabilidad penal de los administradores de un banco en liquidación y las consecuencias derivadas de decisiones imprudentes en la concesión de financiamientos. El análisis de la sentencia ofrece puntos de reflexión sobre el equilibrio entre la responsabilidad individual y colectiva en el ámbito de la gestión bancaria.

Contexto de la Sentencia

La sentencia examina los casos de A.A. y B.B., respectivamente Presidente y miembro del Consejo de administración de la Banca Popular de Etruria y del Lacio (BPEL). Ambos han sido acusados de delitos relacionados con la concesión de financiamientos sin garantías adecuadas y en ausencia de una debida instrucción. La Corte de Apelación de Florencia había reformado parcialmente la decisión de primera instancia, confirmando sin embargo la responsabilidad de B.B. y anulando sin remisión las sanciones contra A.A.

La sentencia destaca la necesidad de una cuidadosa evaluación de las operaciones bancarias y de los riesgos asociados, subrayando las responsabilidades específicas de los administradores no delegados.

Las Cuestiones Jurídicas Planteadas

El recurso de B.B. ha planteado varios motivos, entre ellos la errónea interpretación del elemento constitutivo de los delitos imputados. La Cassación ha aclarado que las operaciones manifiestamente imprudentes no solo se caracterizan por un alto riesgo, sino que también deben respetar los deberes de diligencia e información previstos por el Código Civil (art. 2381 y 2392). En el caso, se ha confirmado que los administradores deben garantizar una gestión prudente e informada, incluso en ausencia de delegaciones específicas.

Implicaciones para el Sector Bancario

La sentencia representa un aviso para los administradores de instituciones de crédito. La Corte ha subrayado que la gestión imprudente de los fondos, especialmente en contextos de crisis como el de BPEL, puede tener repercusiones penales significativas. Los administradores deben ser conscientes de las consecuencias de sus decisiones y de la necesidad de adoptar medidas de vigilancia adecuadas. Las implicaciones de esta sentencia se extienden más allá del caso específico, influyendo en las prácticas de gobernanza y las responsabilidades en el sector bancario.

  • Relevancia de la prudencia en la concesión de financiamientos
  • Obligación de vigilancia para los administradores no delegados
  • Posibles repercusiones penales en caso de gestión imprudente