La sentencia n. 13423/2022 de la Corte de Casación ofrece una importante reflexión sobre la responsabilidad penal de los administradores en caso de bancarrota fraudulenta documental. La Corte ha confirmado la condena de C. R., considerándolo responsable por la mala gestión de los libros contables de su empresa, declarada en quiebra. Esta decisión se inserta en un contexto jurídico en el que el cumplimiento de las obligaciones contables es crucial para garantizar la transparencia y la legalidad en las actividades empresariales.
La Corte de Apelación de Brescia había condenado inicialmente a C. R. por bancarrota fraudulenta documental, reduciendo posteriormente las penas accesorias. Sin embargo, el recurrente planteó diversas cuestiones, argumentando que la Corte no había considerado adecuadamente las pruebas presentadas, en particular el informe del administrador concursal que evidenciaba la necesidad de más investigaciones.
La falta de entrega de la documentación contable al administrador impide la reconstrucción del patrimonio, configurando el delito de bancarrota fraudulenta.
La Corte ha reiterado que para configurar el delito de bancarrota fraudulenta documental es necesaria la presencia del dolo genérico, es decir, la conciencia de que la mala gestión de la contabilidad puede hacer imposible la reconstrucción de los acontecimientos empresariales. Este aspecto es crucial, ya que subraya que los administradores no pueden delegar completamente la gestión contable a terceros, como un contador, sin mantener la responsabilidad individual.
En particular, la Corte observó que C. R. había llevado regularmente la contabilidad hasta 2007, para luego omitir toda actualización desde 2008, en proximidad a la quiebra de la empresa. Esta conducta fue interpretada como una voluntad deliberada de oscurecer el verdadero desempeño económico de la empresa.
La sentencia de la Corte de Casación n. 13423/2022 representa un claro aviso para todos los administradores de empresas, destacando la importancia de la correcta gestión de los libros contables y de la transparencia en las operaciones empresariales. La responsabilidad penal por bancarrota fraudulenta no debe ser subestimada, y los administradores deben ser conscientes de que delegar en profesionales externos no los exime de sus obligaciones legales.
En un contexto de creciente atención hacia la legalidad y la responsabilidad social, es fundamental que los empresarios adopten prácticas de gobernanza sólidas y transparentes, para evitar incurrir en sanciones penales y para preservar la confianza de sus partes interesadas.