La reciente orden n. 10043 de la Corte de Casación, emitida el 15 de abril de 2024, ofrece una importante oportunidad de reflexión sobre la responsabilidad del empleador y la carga de la prueba en caso de enfermedades profesionales. En particular, la Corte se pronunció sobre un caso relacionado con un trabajador que había contraído hepatitis C como resultado de un accidente laboral, destacando aspectos fundamentales relacionados con la evaluación de las pruebas documentales y la responsabilidad contractual.
En el caso examinado, el recurrente, A.A., había demandado a la Región de Calabria, sucesora de la ASL 2 de Castrovillari, para obtener una indemnización por los daños sufridos a causa de una infección contraída durante el servicio. La Corte de apelación de Catanzaro había inicialmente desestimado la solicitud, considerando insuficiente la prueba aportada por el trabajador, que no había logrado demostrar adecuadamente el nexo causal entre el accidente y la enfermedad.
La Corte de Casación subrayó la importancia de una evaluación integral de las pruebas, en lugar de una selección parcial.
La Corte de Casación, acogiendo el recurso, destacó que la Corte de apelación había pasado por alto considerar una serie de documentos cruciales que podrían haber respaldado las afirmaciones del recurrente. En particular, la Corte reiteró que es fundamental, en el procedimiento laboral, que el juez ejerza sus poderes instructivos de oficio para garantizar una efectiva tutela del derecho de defensa. La decisión puso de manifiesto el principio de que, en el contexto laboral, el nexo causal entre enfermedad y actividad laboral debe evaluarse con un enfoque menos rígido, teniendo en cuenta todos los elementos probatorios disponibles.
Esta sentencia tiene importantes implicaciones para los trabajadores y los empleadores. Entre los puntos clave que surgieron, podemos destacar:
La sentencia n. 10043/2024 de la Corte de Casación se configura como una importante intervención sobre la gestión de las pruebas en el contexto laboral, subrayando la necesidad de una interpretación flexible y justa de las normativas vigentes. Esto no solo protege los derechos de los trabajadores, sino que también promueve un entorno laboral más seguro y responsable por parte de los empleadores. En una época en la que las enfermedades profesionales son cada vez más reconocidas, la jurisprudencia debe adaptarse para garantizar justicia y equidad.