Responsabilidad de la Administración Pública: Análisis de la Ordenanza n. 9960 de 2024

La reciente Ordenanza n. 9960 del 12 de abril de 2024, emitida por la Corte de Casación, ofrece importantes aclaraciones sobre la responsabilidad de la administración pública en caso de falta de firma de convenios de urbanización. Esta sentencia, que aborda el tema de los daños indemnizables, se inserta en un contexto jurídico complejo, donde el principio del "alterum non laedere" juega un papel crucial.

El contexto de la sentencia

El caso en cuestión enfrentó a R. (M. R.) y C. (A. E.) respecto a la falta de firma de un convenio de urbanización, a pesar de que el proyecto había sido previamente aprobado. La Corte de Apelación de Palermo había rechazado la demanda de indemnización, pero la Corte de Casación revirtió tal decisión, llamando la atención sobre la necesidad de considerar el interés negativo en lugar de la utilidad perdida.

La máxima de la sentencia

En general. En materia de responsabilidad de la administración pública, el daño derivado del ilícito rechazo de la administración municipal a proceder con la firma del convenio de urbanización, después de haber aprobado el proyecto, no debe ser medido en función de la utilidad perdida, sino del interés negativo en no verse involucrado en operaciones que resulten ser inútiles, dado que el carácter injustificado del cambio de opinión integra una violación del principio del "alterum non laedere", en forma de lesión de la libertad negociadora.

Esta máxima destaca cómo, en caso de un cambio de opinión injustificado por parte de la administración pública, el daño ya no se mide exclusivamente en función de la utilidad económica no obtenida, sino que se basa en la lesión de la libertad negociadora del sujeto interesado. En otras palabras, el ciudadano afectado no solo sufre una pérdida económica, sino también una violación de su libertad para tomar decisiones empresariales e invertir.

Implicaciones prácticas de la sentencia

Las implicaciones prácticas de esta ordenanza son significativas y pueden resumirse en los siguientes puntos:

  • Reconocimiento de un nuevo criterio para la cuantificación del daño.
  • Mayor protección para los ciudadanos y empresarios involucrados en proyectos de urbanización.
  • Promoción de la estabilidad de las relaciones contractuales con la administración pública.

En conclusión, la Ordenanza n. 9960 de 2024 representa un avance en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública. Subraya la importancia de cumplir con los compromisos asumidos y de garantizar que las decisiones administrativas sean coherentes y justificadas.

Conclusiones

Esta sentencia no solo aclara la responsabilidad de la administración pública en el ámbito de la urbanización, sino que también se inserta en un debate más amplio sobre la necesidad de una mayor responsabilidad y transparencia en la relación entre ciudadanos e instituciones. Es fundamental que las administraciones públicas aprendan de esta lección y trabajen para evitar situaciones que puedan lesionar los derechos de los ciudadanos y su libertad para emprender actividades económicas.

Estudio Jurídico Bianucci