Responsabilidad civil y barreras de carretera: Cass. civ. n. 11950 de 2024

La reciente sentencia de la Corte de Casación, n. 11950 de 2024, ofrece importantes puntos de reflexión sobre la responsabilidad civil de las administraciones públicas en relación con la seguridad vial. El caso se originó a partir de un trágico accidente ocurrido en 2000, en el que perdieron la vida dos personas debido a un guardrail inadecuado. La decisión de la Corte pone de manifiesto la complejidad de la responsabilidad en el ámbito vial, donde se entrelazan factores de custodia, mantenimiento y conducta de los usuarios.

El caso y sus implicaciones

La Corte de Apelación de Bolonia había reconocido una corresponsabilidad del 30% a cargo de la Anas, destacando que la ausencia de una barrera guardrail continua había contribuido a agravar las consecuencias del accidente. Este aspecto es crucial, ya que subraya cómo el diseño y el mantenimiento de las infraestructuras viales deben cumplir con determinados estándares de seguridad, tal como se prevé en la normativa vigente en Italia y en la Unión Europea.

La A.P. que, a pesar de haber colocado una barrera lateral de contención, no se preocupe por verificar que la misma no haya asumido con el tiempo una conformación tal que constituya un peligro para los usuarios, viola tanto las normas específicas como los principios generales en materia de responsabilidad civil.

Responsabilidad y custodia en la jurisprudencia

La sentencia reafirma principios ya consolidados en la jurisprudencia italiana, en particular en relación con el art. 2051 c.c. sobre la responsabilidad por daños causados por cosas en custodia. La Corte ha subrayado que la responsabilidad de la administración pública no se limita únicamente a la calzada, sino que también se extiende a los elementos accesorios, como las barreras de protección. Las decisiones anteriores (Cass. n. 15723/2011, Cass. n. 10916/2017) refuerzan la idea de que la administración pública debe adoptar medidas de seguridad adecuadas y mantener las infraestructuras en buenas condiciones.

Conclusiones

La sentencia n. 11950 de 2024 representa una importante confirmación del principio de responsabilidad de la administración pública en la protección de la seguridad vial. Subraya la importancia del mantenimiento y del diseño de las infraestructuras, evidenciando que la presencia de elementos de seguridad inadecuados puede agravar las consecuencias de comportamientos ya imprudentes de los usuarios. Este llamado a la responsabilidad debe servir de advertencia para las administraciones, para que adopten medidas preventivas efectivas que garanticen la seguridad de los usuarios de la carretera.

Estudio Jurídico Bianucci