La reciente orden de la Corte de Casación n. 30119 de 2024 ha despertado un nuevo debate sobre la pensión de mantenimiento en caso de separación entre cónyuges. Este caso, que involucra a A.A. y B.B., ofrece puntos de interés sobre cómo los jueces evalúan las situaciones patrimoniales y las capacidades de ingresos de los cónyuges en fase de separación.
El sr. A.A. solicitó la separación legal de su cónyuge B.B., destacando una disparidad de ingresos entre las partes. A pesar de sus afirmaciones sobre sus propios ingresos, la sra. B.B. impugnó la situación patrimonial, pidiendo una contribución mensual de mantenimiento. El Tribunal de Bolzano inicialmente estableció una pensión de 300,00 euros, cifra confirmada por la Corte de Apelación de Trento.
El recurso presentado por A.A. se basó en dos motivos principales de impugnación:
La separación personal supone la permanencia del vínculo conyugal, por lo tanto, la pensión de mantenimiento debe garantizar el nivel de vida disfrutado durante el matrimonio.
La Corte rechazó ambos motivos, subrayando que la evaluación comparativa de las capacidades económicas de las partes se había realizado de manera correcta. En particular, reafirmó que el deber de asistencia material persiste incluso en caso de separación, y que la pensión debe reflejar las necesidades del cónyuge económicamente más débil.
Esta orden de la Cassación confirma la orientación jurisprudencial según la cual la pensión de mantenimiento debe garantizar el nivel de vida mantenido durante el matrimonio, a menos que existan motivos válidos para justificar una reducción de la cantidad. La Corte también destacó la importancia de una prueba adecuada de la situación económica por parte del cónyuge solicitante, como se establece en los artículos 156 y 2697 del Código Civil.
La sentencia n. 30119 de 2024 representa un importante precedente en materia de separación y pensión de mantenimiento. Reafirma la necesidad de considerar el contexto patrimonial y las responsabilidades conyugales al determinar la pensión, protegiendo así los derechos del cónyuge más vulnerable. Para los profesionales del derecho, esta orden ofrece puntos para una reflexión profunda sobre cómo gestionar las controversias en materia de separación y mantenimiento, destacando la importancia de la documentación y la prueba de las capacidades de ingresos.