La reciente orden de la Corte de Casación, n. 24972 de 2023, se inscribe en un contexto de gran actualidad relacionado con la custodia de los menores y la responsabilidad parental. En particular, la sentencia analiza los derechos y deberes de los padres, en un caso que involucra a un padre colaborador de justicia y a una madre con un pasado criminal. Este artículo tiene la intención de explorar las motivaciones y las implicaciones de la decisión, destacando la delicadeza de la cuestión y los principios jurídicos que la regulan.
La Corte de apelaciones de Roma había confirmado la custodia de la menor D.D. a los Servicios Sociales, destacando una situación de perjuicio derivada de la conflictividad entre los padres, A.A. y A.H. Este último, aunque mostraba signos de rehabilitación gracias a su colaboración con la justicia, no había logrado convencer a los jueces de su idoneidad parental. La Corte consideró que la madre, a pesar de sus fragilidades, aún tenía una influencia negativa en el crecimiento de la hija.
El juez debe atenerse al criterio fundamental representado por el exclusivo interés moral y material de la prole.
La Corte de Casación acogió el recurso de A.A., subrayando que la Corte de apelaciones no consideró adecuadamente las razones de la conflictividad entre los padres. Se evidenció que la madre nunca aceptó la decisión del padre de colaborar con la justicia, alimentando un clima de hostilidad que influye negativamente en la hija. La Corte reiteró que es esencial evaluar la capacidad parental en base a un juicio pronóstico, considerando no solo los actos pasados, sino también las condiciones de vida actuales de los padres.
La sentencia de la Corte de Casación representa un importante paso adelante en la protección de los derechos de los menores y en la evaluación de las capacidades parentales. La decisión de remitir el caso a la Corte de apelaciones de Roma ofrece la oportunidad de revisar la custodia de la menor, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias y las evoluciones en la vida de los padres. Es fundamental que el sistema judicial continúe garantizando el interés superior de los menores, considerando cada aspecto de su vida familiar.