La reciente intervención del Tribunal de Casación aclara los criterios de responsabilidad de las entidades públicas en caso de accidentes de tráfico y el peso del comportamiento del perjudicado en la causación del daño.
La reciente sentencia del Tribunal de Casación aclara la distinción entre los empleados de IPAB que operan en régimen privatista y la calificación de agente público, con importantes implicaciones para el derecho penal y la responsabilidad de los funcionarios públicos.