La reciente sentencia n. 16125 de 2024 aclara el papel del juez ordinario en los juicios de verificación de los créditos consorciados, enfatizando la naturaleza privatista de los consorcios de defensa de las producciones intensivas.
La reciente sentencia del Tribunal de Casación aclara la distinción entre los empleados de IPAB que operan en régimen privatista y la calificación de agente público, con importantes implicaciones para el derecho penal y la responsabilidad de los funcionarios públicos.