La reciente sentencia del Tribunal de Casación, n. 31174 de 2023, se sitúa en el centro de un complejo debate sobre la cooperación judicial internacional entre Estados, en particular entre Italia y San Marino. Este caso aborda aspectos cruciales del derecho penal, especialmente en lo que respecta a las modalidades de embargo preventivo y la necesidad de seguir procedimientos formales bien definidos.
El caso se origina a raíz de una solicitud de cooperación judicial por parte de las autoridades de San Marino, que pidieron el embargo del beneficio de un delito de blanqueo de capitales. El Juez de Instrucción del Tribunal de Milán acogió la solicitud, pero la defensa impugnó la decisión por vicios procesales, en particular por la falta de notificación de la orden de embargo dictada por el Estado requirente.
El Tribunal de Casación anuló la orden impugnada, subrayando la importancia de las modalidades correctas de transmisión de las solicitudes de cooperación judicial.
La sentencia abordó diversas cuestiones jurídicas, entre ellas:
En particular, el Tribunal destacó cómo la normativa de referencia para la cooperación judicial no era el Convenio bilateral de 1939, sino las disposiciones más recientes, como las del Convenio de 2005, que exigen modalidades específicas para la transmisión de las solicitudes de embargo.
La sentencia n. 31174/2023 tiene importantes implicaciones para la práctica judicial. Subraya la necesidad de una rigurosa observancia de los procedimientos de notificación y de las modalidades de transmisión de las solicitudes de cooperación internacional. El Tribunal aclaró que la ausencia de estas formalidades puede comprometer el derecho de defensa del investigado, violando los principios fundamentales del debido proceso.
Además, el caso pone de manifiesto la exigencia de una cooperación judicial más armonizada y conforme a las normas internacionales, para evitar litigios futuros y garantizar que los derechos de los individuos sean siempre respetados.
En conclusión, la sentencia del Tribunal de Casación representa un importante paso adelante en la definición de las relaciones jurídicas entre Estados y en la afirmación de los derechos fundamentales en el contexto de la cooperación judicial. Es fundamental que las autoridades italianas sigan las indicaciones proporcionadas por el Tribunal para garantizar la legalidad y la eficacia de las medidas cautelares, respetando al mismo tiempo los derechos de los individuos implicados.