Analizamos la reciente sentencia n. 17208 de 2023 que aclara las responsabilidades en caso de incendio culposo relacionado con violaciones de las normas de seguridad de las instalaciones, destacando el papel del responsable técnico.
La reciente sentencia del Tribunal de Casación aclara el concepto de autor mediato en los delitos fiscales, destacando las implicaciones legales para quienes utilizan documentación falsa para evadir impuestos.
La sentencia n. 13784 de 2023 aclara la responsabilidad del abogado de una empresa en caso de productos alimentarios no conformes, destacando las condiciones para la delegación de funciones y el papel de la supervisión.
Análisis de la sentencia n. 17400 de 2023 sobre el delito de contaminación ambiental según el art. 452-bis del Código Penal. Profundizamos en sus elementos constitutivos y las implicaciones legales.
Analizamos la sentencia n. 17494 de 2022, que aclara el concepto de dolo en el delito de devastación, destacando los requisitos necesarios para su configurabilidad y las implicaciones jurídicas.
Analicemos la sentencia n. 14840 de 2022 del Tribunal de Casación relativa a la regulación de la responsabilidad de las entidades según la ley n. 231 de 2001, profundizando en la exclusión de la suspensión del juicio para las personas jurídicas.
La sentencia n. 38600 de 2024 aclara los criterios para la calificación de encargado de servicio público, excluyendo a los empleados públicos que solo realizan funciones ejecutivas. Un análisis profundo de la decisión y sus implicaciones legales.
La sentencia de la Corte de Casación n. 40174 de 2024 aclara los límites de la responsabilidad del curador concursal, distinguiendo entre retraso y rechazo de actos de oficio. Profundicemos en las condiciones necesarias para configurar el delito.
La reciente sentencia n. 38772 de 2024 pone énfasis en la equivalencia entre la presencia física y virtual en los casos de desacato a funcionarios públicos, con implicaciones significativas para la jurisprudencia italiana.
Analizamos la sentencia n. 37751 de 2024, que aclara los límites de la responsabilidad penal de las entidades en relación con las solicitudes de archivo, destacando las críticas de la imputación forzada.