La sentencia n. 30716 del 14 de mayo de 2024 de la Corte de Casación ofrece importantes reflexiones sobre la disciplina de los recursos en el ámbito penal, con referencia específica a las medidas coercitivas no privativas de libertad. El objeto de la controversia gira en torno a la inadmisibilidad del recurso según lo previsto en el art. 581, apartado 1-ter, del código de procedimiento penal italiano. Esta sentencia, de hecho, aclara que el imputado sometido a medidas coercitivas no privativas de libertad está sujeto a las mismas reglas relativas a la omisión de depósito de la declaración o de la elección de domicilio, necesarias para la notificación de los actos judiciales.
En el caso específico, el imputado, I. R., estaba sometido a la obligación de presentarse ante la policía judicial. La Corte de Apelación de Catania, con la sentencia del 3 de noviembre de 2023, había desestimado el recurso presentado por no haber respetado el imputado la obligación de depositar la declaración de domicilio. La cuestión central, por lo tanto, se refería a la validez de la notificación de los actos y su relevancia a efectos del recurso.
Inadmisibilidad del recurso ex art. 581, apartado 1-ter, cod. proc. pen. - Imputado sometido a medida coercitiva no privativa de libertad - Aplicabilidad - Existencia - Supuesto de hecho. En materia de recursos, la causa de inadmisibilidad prevista en el art. 581, apartado 1-ter, cod. proc. pen. para el caso de omisión de depósito, por parte del imputado recurrente, de la declaración o de la elección de domicilio, requeridas a efectos de la notificación del acto introductorio del juicio, opera también frente al imputado sometido a medida coercitiva no privativa de libertad (en el supuesto de hecho, obligación de presentación ante la policía judicial).
Esta máxima evidencia claramente que la omisión de depósito de la declaración de domicilio no es una mera formalidad, sino una condición necesaria para la validez del recurso. La Corte ha establecido que incluso los imputados sometidos a medidas coercitivas no privativas de libertad, como en el caso que nos ocupa, deben atenerse a tales obligaciones, con el fin de garantizar el correcto desarrollo del proceso y la posibilidad de recibir las notificaciones necesarias.
En conclusión, la sentencia n. 30716 de 2024 representa una importante contribución a la interpretación del código de procedimiento penal italiano, aclarando la posición de los imputados sometidos a medidas coercitivas no privativas de libertad. La observancia de las normas de procedimiento es fundamental para la tutela de los derechos de los imputados y para la legitimidad del proceso. Es esencial que los abogados y los propios imputados sean conscientes de tales obligaciones, para que puedan ejercer eficazmente sus derechos en sede de recurso.