La sentencia n.º 36475 del 1 de octubre de 2024 de la Corte de Casación representa un importante paso adelante en la comprensión de la prescripción penal, en particular para los delitos fiscales. La Corte anuló la sentencia de la Corte de Apelación de Ancona, confirmando la extinción del delito por prescripción intervenida. Este artículo se propone analizar los puntos destacados de la decisión, proporcionando una clara interpretación de las implicaciones legales.
A.A. había sido condenado por el delito tipificado en el art. 11 del D.Lgs. n.º 74 de 2000, por haber simulado la venta de un inmueble con el fin de sustraer bienes al pago de impuestos. La Corte de Apelación había confirmado la condena, pero el recurso de casación puso de relieve la cuestión de la prescripción del delito.
La Corte de Casación estableció que, en el momento de la sentencia recurrida, el delito imputado estaba prescrito, anulando la sentencia sin reenvío.
Según el Código Penal italiano, la prescripción es un instituto jurídico que determina la extinción de un delito tras un cierto período de tiempo, en ausencia de actos interruptivos. En el caso en cuestión, los jueces calcularon el plazo de prescripción en base a la reincidencia del imputado, estableciendo que el delito ya estaba extinto a la fecha de la sentencia de apelación.
La decisión de la Corte de Casación llevó a la anulación de la condena y a la revocación del decomiso del inmueble, subrayando la importancia de respetar los plazos de prescripción. La Corte aclaró que el decomiso por equivalente, es decir, el decomiso de bienes de valor correspondiente al beneficio ilícito, no puede aplicarse retroactivamente a hechos cometidos antes de la entrada en vigor de normas que lo regulan.
La sentencia n.º 36475 de 2024 representa una importante aclaración sobre el tema de la prescripción de los delitos fiscales y sobre la aplicación de las medidas de decomiso. Pone de relieve la necesidad de una correcta gestión de los plazos de prescripción y destaca los desafíos legales que pueden surgir en materia fiscal. Para los operadores del derecho, es fundamental tener en cuenta estos desarrollos jurisprudenciales para una adecuada asesoría a sus clientes.